La respuesta es SÍ. La contratación de detectives no está reservada exclusivamente a particulares o entidades privadas (empresas, abogados, etc.). También los organismos públicos pueden contratar detectives, siempre y cuando el objeto de la investigación sea legítimo. Como hacemos con cualquier otro cliente, en PROBANZA – Investigación a veces atendemos consultas recibidas desde ayuntamientos en relación a hechos que necesitan investigar.
Estos son algunos de los casos en los que un ayuntamiento puede solicitar colaboración a un despacho de detectives:
– Para comprobar el correcto uso de recursos públicos por parte de los cargos políticos o personal administrativo adscrito a ese ayuntamiento (por ejemplo, comprobar que no se están empleando vehículos de titularidad pública para uso particular, o que un local destinado a actividades culturales no está siendo arrendado o utilizado por un funcionario para lucrarse con otras actividades).
– Para comprobar la veracidad de una baja por enfermedad de un trabajador, cuando exista sospecha de fraude.
– Para comprobar si algún funcionario incurre en absentismo o incumplimiento de horarios.
– Para comprobar la veracidad de un domicilio o localizar a deudores.
– Para comprobar que las empresas externas contratadas por el ayuntamiento, o los trabajadores de estas empresas, desarrollan correctamente su trabajo y cumplen con todas las condiciones acordadas por contrato, especialmente las relativas a horarios y calidad de los servicios. Así, es frecuente que se requieran servicios de investigación cuando se observan irregularidades en el mantenimiento de parques y jardines, la limpieza de calles, la recogida de basuras, residuos, muebles, etc.
Como sucede en otro tipo de investigaciones, si durante el transcurso de nuestras pesquisas tenemos conocimiento o somos testigos de actividades directamente delictivas, automáticamente lo deberemos poner en conocimiento de la Policía.
Mientras no se traspase esa línea, nuestras investigaciones seguirán perteneciendo al ámbito de lo laboral, mercantil, o económico, como cualquiera de las investigaciones habituales para particulares o empresas privadas. Con la salvedad de que, cuando es un ayuntamiento quien nos contrata, la finalidad última es velar para que no se despilfarren los recursos públicos y que los funcionarios cumplan correctamente con su trabajo.